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SARquavitae y la Fundación AEQUITAS analizan en Madrid los mecanismos de protección jurídica de las personas mayores

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Fundación SARquavitae y Fundación AEQUITAS del Consejo General del Notariado han celebrado una jornada conjunta en la que se han analizado los mecanismos para garantizar los derechos de las personas mayores, especialmente vulnerables desde el punto de vista jurídico.

La jornada se ha celebrado en el centro residencial para personas con Esclerosis Múltiple de la Comunidad de Madrid Alicia Koplowitz. El encuentro profesional ha contado con la participación de numerosos expertos que han destacado aspectos clave de la prevención mediante las herramientas jurídicas existentes, o el trato personalizado para preservar la máxima autonomía de las personas mayores. La jornada ha analizado las principales claves para la toma de decisiones de los profesionales sociosanitarios ante situaciones de riesgo.

El Director General de Dependencia y Mayor de la Comunidad de Madrid, Carlos González Pereira, el Director General de SARquavitae, José Luis Roselló, el patrono de la Fundación Aequitas, Francisco Vañó y el director de la Fundación SARquavitae, Javier Jiménez han sido los encargados de inaugurar el acto. El encuentro ha reunido a unos 200 profesionales del sector de la atención a las personas mayores.

Cristóbal Fábrega Ruiz, fiscal de la audiencia provincial de Jaén ha centrado su discurso en la actuación de los profesionales de las residencias ante casos de incapacidad o ingresos involuntarios. En este sentido, ha defendido la atención centrada en la persona “para conocer sus gustos y valores que ayuden en la toma de decisiones”. En muchos casos, los profesionales de las residencias han de asumir responsabilidades en momentos puntuales que afectan a personas que no tienen familia o nadie que se responsabilice de ellas. Por eso es “fundamental tener y conocer los protocolos de actuación ante los diferentes casos puesto que ayudan a tomar decisiones”. Como ejemplo de este tipo de intervención, el fiscal ha hecho referencia a las contenciones, fallecimientos, indisposiciones urgentes, etc., situaciones a las que los profesionales de la atención a las personas mayores se enfrentan a diario.

La mesa redonda formada por profesionales del ámbito jurídico ha hecho un repaso por todas las herramientas para la promoción de la autonomía, las preventivas a disposición de todos los ciudadanos, las que están a disposición de los profesionales asistenciales y otras más exhaustivas, como la incapacitación; en las que se requiere un estudio muy pormenorizado y personalizado de la situación. Almudena Castro-Girona, presidenta de la Fundación Aequitas, ha resaltado la importancia de la prevención ante la desprotección a las personas vulnerables. En este sentido, ha recomendado “hacer trajes a medida porque no todas las situaciones son iguales”. En su intervención, ha recomendado a familiares y personas mayores el uso de los documentos jurídicos a disposición de los ciudadanos como el documento de voluntad médica anticipada, el documento de últimas voluntades, o un poder preventivo, herramientas que les permiten definir pautas de actuación en base a su voluntad ante una posible pérdida del autonomía. En términos de protección, “es mucho mejor prevenir que curar”. En este aspecto Castro-Girona alentó a “cuidar de nosotros mismos tal como cuidamos nuestras propiedades cuando hacemos una escritura o cuidamos de nuestros herederos cuando hacemos un testamento”.

Antonio Illana, abogado especializado en gerontología, ha hablado sobre los malos tratos psicológicos. Ha comentado que “los profesionales de la atención tienen la obligación y responsabilidad de estar alerta y denunciar cualquier situación de riesgo”.

Avelina Alía Robles, miembro de la Fiscalía Provincial de Madrid, ha comentado que “la incapacitación debe ser un instrumento a evaluar pero no el primer recurso para solventar una situación de riesgo para la persona vulnerable”. La fiscal aboga por recurrir a todas las herramientas preventivas posibles antes de enfrentar a una persona con discapacidad a un juicio. Afrontar una situación judicial no es nada agradable, y menos para personas vulnerables. “Si una persona puede manejar su dinero y dispone de otras facultades, aunque tenga una discapacidad, no tiene por qué ser incapacitada en su totalidad. Pretendemos que las personas conserven la máxima autonomía posible”.

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