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Las organizaciones sindicales y empresariales exigen al Gobierno que garantice el derecho subjetivo de los ciudadanos recogido en la Ley de Dependencia

Las organizaciones firmantes del VI Convenio de la Dependencia, tanto sindicales (FSS y AADD de CCOO y FSP-UGT) como empresariales (FED, LARES y AESTE), se han unido para exigir a las Administraciones Públicas una mayor implicación en el desarrollo de la Ley Dependencia, puesto que “utilizar la crisis económica como excusa para impedir y paralizar la implantación total de la norma es un gravísimo error que no se puede consentir”.

El Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) protege de manera efectiva a más de 700.000 personas y da ocupación a más de 190.000 trabajadores. El rápido envejecimiento de la población origina necesidades asistenciales que deben ser cubiertas por los servicios sociales y sanitarios. No en vano, tal y como ponen de relieve las organizaciones sindicales y empresariales del sector, España será uno de los países que más se va a ver afectado en relación al aumento del gasto público por el envejecimiento poblacional. En concreto, este desfase subirá 9 puntos del Producto Interior Bruto (PIB) en 2060, casi el doble que la media comunitaria (4,6 puntos), situando a España en el grupo de mayor riesgo de los tres que contempla Bruselas, junto a Luxemburgo, Grecia, Eslovenia, Chipre, Malta, Rumanía e Irlanda.

Los sistemas de protección social (pensiones, sanidad y servicios sociales) deben ser sostenibles y, por ello, se hace necesario aplicar criterios de eficacia y eficiencia. Asimismo, las organizaciones firmantes del VI Convenio de la Dependencia califican como necesario la prestación de servicios a la ciudadanía desde la colaboración con la iniciativa privada (incluyendo tercer sector y economía social).

Cabe recordar que las trabajadoras y trabajadores del sector están realizando un importante esfuerzo de contención salarial en estos años de crisis; por su parte, la empresas han trabajado intensamente para mantener el volumen de empleo en el sector; y las organizaciones sindicales y empresariales han contribuido a la profesionalización del sector. Todo ello con el claro objetivo de prestar un servicio de calidad con un coste sostenible en una actividad económica de la Dependencia, que es la única que no pierde empleo en la Encuesta de Población Activa.

Argumentos, todos ellos, que vienen a reforzar la exigencia a las Administraciones Públicas de un Plan que haga efectiva la aplicación de la Ley de Dependencia y garantice el derecho a la ciudadanía contemplado en dicha Ley.